Chile lleva dos años tramitando su proyecto de ley de inteligencia artificial. El texto aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2025 y remitido al Senado establece principios, obligaciones y un régimen sancionatorio, pero llegó sin el reglamento que define a quién aplican esas obligaciones con precisión, sin presupuesto asignado al organismo fiscalizador y con su Consejo Asesor Técnico reducido a funciones consultivas. Mientras el proyecto acumula urgencias en el Senado sin fecha de aprobación, una empresa junior canadiense entrena modelos de IA con datos geológicos públicos del norte de Chile en colaboración con socios tecnológicos desconocidos. El conocimiento del subsuelo del mayor exportador de cobre del mundo se convierte en insumo de algoritmos privados de aplicación global. Ninguna norma vigente regula qué ocurre con ese conocimiento una vez que abandona el territorio chileno codificado en un modelo.

Llevó al Pentágono a los tribunales para preservar sus cláusulas éticas, sin advertir que el gobierno ya no negociaba principios, sino lealtades a un nuevo proyecto político para enfrentar a China. Mientras ella litigaba, OpenAI, Google y Palantir aceptaron cartografiar con inteligencia artificial los yacimientos de tierras raras que Pekín domina. La nueva frontera no era jurídica: era mineral. Anthropic miró el conflicto desde el expediente judicial, pero no supo leer el territorio que los otros ya estaban excavando.