El desarrollo tecnológico impulsado por la inteligencia artificial llegó a los yacimientos latinoamericanos antes que las políticas públicas capaces de gestionarla. Un recorrido por los casos de Chile, Colombia y México revela que el vacío normativo no es solo un atraso técnico sino el resultado de una estructura de incentivos que favorece a las empresas y deja a los trabajadores sin red de contención adecuada para hacer frente a los cambios.
El camión que no necesita conductor
La División Gabriela Mistral de la gigante estatal chilena Codelco fue la primera minera en el mundo en operar 100% con camiones autónomos, equipos que funcionan con un sistema informático desarrollado por la japonesa Komatsu (la segunda firma más importante del mercado), basado en señal satelital de GPS y sistemas de navegación que les permiten desplazarse y transportar cargas según su programación. Eso ocurrió hace más de una década.
Desde entonces, el modelo no detuvo su expansión. Además, Komatsu y Codelco pusieron en marcha una máquina tuneladora (TBM) de vanguardia, un equipo de 88 metros de largo que reemplaza el método convencional de perforación y tronadura, eliminando emisiones de gases y aumentando la seguridad. Y también equipos LHD Híbridos en El Teniente, cargadores frontales de bajo perfil (LHD) con propulsión híbrida, que reducen el consumo de combustible y las emisiones en túneles estrechos.
A la operación pionera de Codelco se sumaron BHP Escondida, que en julio de 2025 alcanzó 33 camiones autónomos en operación en su rajo norte, y Quebrada Blanca 2 de Teck, que proyecta 28 equipos para 2026. BHP Pampa Norte, que agrupa a las operaciones de Spence y Cerro Colorado, ya suma 34 camiones y siete perforadoras autónomas.
Desde 2023, estas operaciones han movido casi 200 millones de toneladas de material bajo el sistema de autonomía.
Los números impresionan. La productividad aumenta, los costos operativos bajan, la seguridad en faena mejora para quienes permanecen en ella.
La pregunta que viene detrás de esas cifras es más incómoda: ¿qué pasó con los trabajadores que operaban esos equipos, y qué marco legal los protege durante la transición?}}
En ningún país de la región existe en la actualidad una ley que regule específicamente el impacto de la automatización sobre el empleo en el sector minero.
El vacío que la ley no quiere llenar
La Política Nacional Minera 2050 de Chile reconoce que la automatización de los procesos mineros tendrá efectos notables sobre los trabajadores, tanto en términos de empleo como de formación y fortalecimiento de capacidades.
Pero en la práctica, no existe una legislación específica que ese regule y normatice este proceso. Los sindicatos han advertido con preocupación que la transición ya está en marcha en faenas de Codelco, BHP y Anglo American, mientras que las medidas de protección laboral siguen ausentes.
El caso chileno muestra la paradoja más visible. Giorgio Boccardo, sociólogo especializado en automatización laboral y ministro del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric desde abril de 2025, es uno de los académicos que más temprano documentó este proceso.
En su cuenta pública de junio de 2025, Boccardo señaló la necesidad de fortalecer Chile. Valora los cambios tecnológicos que vienen y que están modificando aceleradamente el empleo, mencionando también la crisis climática y el cambio demográfico como factores que reconfiguran el mercado laboral chileno en simultáneo.
Boccardo advirtió que la política pública tiene el deber de acompañar estos cambios para que no se profundicen las desigualdades. “Cuando personas se quedan atrás en esta transición, lo que se genera es malestar social y un debilitamiento de la democracia”, alertó.
En ese sentido, recalcó que el debate no se limita a lo productivo, sino que atraviesa directamente la estabilidad política y social de los países.
No obstante, el ministro que mejor entiende el problema técnico no ha podido, durante su gestión, traducirlo en la sanción de un marco legistativo específico para el sector minero.
En Chile se ha asumido, a mi juicio de forma equivocada, que este fenómeno es inevitable, a lo cual hay que adaptarse, cuando la evidencia internacional dice que los resultados positivos para un país dependen fundamentalmente de la participación activa del Estado en estos procesos, así como también de los actores de la sociedad civil y sindicatos”.
Giorgio Boccardo
Ministro del Trabajo de Chile · Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
La ausencia de marco legal produce consecuencias tangibles que los sindicatos chilenos documentan con precisión.
La Federación de Sindicatos BHP Chile citó un trabajo denominado “Fuerza Laboral de la Gran Minería 2025-2034”, de acuerdo al cual tres de cada cuatro trabajadores de la gran minería en el país se desempeñan bajo un régimen de subcontratación, lo que considera evidencia de un modelo que fragmenta el tejido laboral y genera fortísimas inequidades.
La federación también marcó la diferencia de estándares que se observan entre los países- En Australia, país de origen de BHP, existen normativas que obligan a igualar condiciones salariales entre trabajadores directos y contratistas, algo que no sucede en Chile.
La subcontratación masiva y la automatización se retroalimentan de un modo que no es accidental. Un trabajador contratista tiene menos estabilidad, menos acceso a programas de reconversión y menos poder de negociación frente a una empresa que invierte activamente en reemplazar sus funciones por sistemas autónomos.
El resultado es un doble vaciamiento del empleo directo y de los derechos asociados a él.
Los sindicatos no cuestionan la tecnología en sí. Lo que cuestionan es que el costo de la transición lo pague quien menos poder tiene en la negociación.
Cuando el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida denunció en agosto de 2025 el despido de más de 50 socios, los dirigentes sindicales señalaron que la medida buscaba amedrentar a quienes habían cuestionado decisiones de la empresa, entre ellas la denuncia sobre problemas de seguridad en los camiones autónomos.
El sindicato indicó que la minera había celebrado recientemente el cumplimiento récord de metas de producción generando miles de millones de dólares en utilidades, lo que hacía los despidos especialmente contradictorios.
El episodio condensa la tensión central: los trabajadores que alertaron sobre los riesgos de la automatización fueron despedidos por la misma empresa que la opera. Sin legislación específica, esa contradicción no tiene dónde procesarse más que en la calle o en un juzgado laboral de competencia genérica.
Colombia: una reforma ambiciosa, una IA ausente
El contraste con Colombia es notable. En octubre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida, la reforma más ambiciosa que cualquier país latinoamericano haya impulsado en este siglo para el sector extractivo
.”En síntesis, este proyecto de ley busca construir un nuevo modelo minero para la vida, que esté alineado con el desarrollo sostenible del país, que priorice el bienestar colectivo, respete los ecosistemas, y que consolide al Estado como garante de una minería justa, moderna y sustentable”, señaló la cartera de Minería de Colombia.
El proyecto fue construido tras consulta previa con más de 13.000 representantes de 115 pueblos indígenas y 400 organizaciones afrocolombianas, constituyendo la primera gran reforma minera del siglo XXI construida desde los territorios.
Entre sus disposiciones laborales, la ley obligaría a las compañías a contratar mano de obra regional, vincular micros, pequeñas y medianas empresas, aplicar un enfoque de género y garantizar condiciones laborales dignas, especialmente en territorios étnicos y rurales.
También prohíbe nuevos contratos de carbón térmico y reorienta la actividad hacia minerales críticos como litio, cobre y níquel.
Sin embargo, el proyecto tiene un punto ciego importante. La palabra inteligencia artificial no aparece en su articulado. Una ley que busca rediseñar el sector minero colombiano para las próximas décadas construyó su arquitectura sin mencionar la tecnología más influyente.
El desplazamiento algorítmico de trabajadores, la automatización de procesos extractivos y el impacto de los sistemas de decisión autónoma sobre el empleo minero son dimensiones que la reforma colombiana, en su versión radicada, no regula.
Los gremios empresariales advirtieron además que la propuesta no incluye una hoja de ruta para la transición energética que garantice los derechos de quienes trabajan en el carbón, y cuestionaron que la iniciativa podría estatizar y restringir la actividad minera hasta desincentivar la inversión formal.
La tensión entre la ambición redistributiva del proyecto y su viabilidad en un Congreso adverso al gobierno de Petro mantiene la reforma en suspenso.
México, los informes internacionales y el argumento de la industria
El caso mexicano ilustra otra variante del mismo problema: la brecha entre la ratificación de instrumentos internacionales y el diseño de políticas para el momento presente.
En noviembre de 2025, el Senado mexicano aprobó por unanimidad, con 101 votos a favor, la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. La senadora Lorena Ivette Valles Sampedro subrayó que, aunque el sector minero representa un porcentaje reducido de la fuerza laboral nacional, su nivel de riesgo exige alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales.
El Convenio 176 fue adoptado en 1995. Es un instrumento valioso, diseñado para un mundo donde el principal riesgo laboral en minería era el derrumbe o la exposición química, no el desplazamiento algorítmico.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa señaló que la ratificación se complementa con la Recomendación 183 de la OIT, que orienta a los países hacia una minería moderna basada en la automatización, la teleoperación y el monitoreo digital.
México tiene 416.000 personas empleadas en el sector minero. Ratificó un convenio que protege sus condiciones de seguridad física. No tiene ninguna norma que regule qué ocurre cuando un sistema autónomo reemplaza su función.
Los organismos internacionales no han sido silenciosos. La OIT advirtió en su informe Artificial Intelligence and Jobs: Emerging Policies and Practices for Inclusive Futures de 2025 que la rápida adopción de la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral global con riesgos significativos de ampliar las desigualdades existentes, especialmente en los países en desarrollo.
El estudio, basado en una revisión de más de 80 políticas públicas y prácticas empresariales, sostiene que sin marcos regulatorios sólidos y estrategias inclusivas, la IA podría agravar la polarización laboral y excluir a millones de trabajadores de baja y media calificación.
Un documento de trabajo conjunto de la OIT y el Banco Mundial publicado en 2026 analizó la exposición de los mercados laborales a la IA generativa en 135 países. Sus conclusiones señalan que los países en desarrollo enfrentan limitaciones estructurales que reducen su capacidad para beneficiarse de esta tecnología, y que los trabajadores en empleos vulnerables a la automatización suelen estar ya conectados digitalmente, lo que implica que las pérdidas de empleo podrían materializarse antes de que existan mecanismos de protección
“La industria va a tener que acelerar los temas tecnológicos. Ahí hay un pasivo en cuanto a la velocidad con que están mejorando las tecnologías.”
Juan Carlos Guajardo
Director Ejecutivo, Plusmining · Doctor en Economía Internacional, Universidad Complutense de Madrid
La lógica que sostiene esa afirmación es técnicamente sólida: la automatización subterránea reduce la exposición humana a entornos de riesgo extremo, y los accidentes fatales en minería latinoamericana tienen un costo humano real. Pero esa lógica tiene un reverso que los sindicatos señalan con igual precisión.
En una entrevista de febrero de 2026, Guajardo subrayó que para mantener la competitividad del sector chileno en el ciclo de precios altos del cobre, las empresas deben acelerar la incorporación de tecnología, automatización y análisis de datos para optimizar procesos, mejorar eficiencia energética y reducir costos operacionales.
El argumento es correcto en términos de economía de la empresa. Lo que no aborda es quién paga el costo de esa eficiencia cuando se expresa como desempleo estructural sin red de contención.
La narrativa empresarial repite que la automatización no elimina empleos sino tareas. Los abogados laborales y los propios sindicatos chilenos señalan que para que esa afirmación se traduzca en realidad, Chile necesita con urgencia planes concretos de capacitación, un marco legal actualizado y diálogo tripartito entre Estado, empresas y sindicatos.
Sin esas medidas, la tecnología avanzará más rápido que las políticas sociales y la promesa de una transición justa quedará en el papel.
La automatización sin marco legal no es una innovación: es una política de ajuste estructural con otro nombre.
Un informe del Foro Económico Mundial en colaboración con McKinsey, publicado en el marco de Davos en enero de 2026, estimó que una mayor adopción de la IA podría suponer para América Latina un aumento de la productividad de entre 1,9 y 2,3 por ciento anual, equivalente a entre 1.100 y 1.300 millones de dólares adicionales. Sin embargo, solo el 23 por ciento de las organizaciones latinoamericanas genera valor económico real por el uso de la IA, y apenas el seis por ciento reporta una creación significativa de valor.
Esa brecha entre el potencial declarado y el beneficio efectivo tiene una explicación estructural: la región invierte en adopción tecnológica pero no en las políticas que distribuirían sus beneficios más allá de las empresas que la implementan.
En minería, esa concentración es especialmente nítida. Las ganancias de productividad de la automatización van a las compañías, y los costos de la transición —reconversión laboral, desempleo, pérdida de ingresos familiares en comunidades mineras— los absorben el Estado, las comunidades y los trabajadores.
América Latina extrae los minerales con los que el mundo construye su transición energética. Si esa extracción se hace sin una arquitectura legal que proteja a quienes trabajan en ella, la región habrá participado una vez más del mismo ciclo histórico: producir la riqueza que se va y quedarse con los costos que se quedan.
El patrón tiene nombre en la historia económica regional. Lo que cambia en el ciclo actual es que ya no se llama enclave minero: se llama minería 4.0. El número es nuevo. La lógica, no tanto.