Sin hacer demasiada alharaca ni poner en peligro los acuerdos con la Casa Blanca, Pekín blinda el acceso a los minerales estratégicos, empuja la automatización del sistema minero, consolida su presencia en la cadena de suministros mundial e inicia una fuerte reconversión de las empresas locales.

El 4 de febrero de 2026, tres meses después de una cumbre occidental para frenar a China, la respuesta de Pekín no se hizo esperar demasiado; quirúrgica y legal. Sancionó y pondrá en funciones a partir del 15 de junio de 2026 un reglamento que blinda el litio, las tierras raras. Además, presentó un libro azul que exige rentabilidad real a la tecnología inteligente e incluye el objetivo de alcanzar el 90% de automatización en 2030. China no declara una guerra comercial. Reescribe las reglas de juego.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio reunió en Washington a representantes de 55 países para sentar las bases de una alianza destinada a romper la dependencia occidental de los minerales críticos de China.

Con un gesto adusto que reflejaba la tensión geopolítica del momento, Rubio advirtió que las cadenas de suministro se habían vuelto peligrosamente concentradas y que la dominancia de uno solo amenazaba la estabilidad económica y la seguridad. En el mismo escenario, el vicepresidente J.D. Vance delineó una estrategia dirigida a crear un bloque comercial con precios mínimos coordinados para contrarrestar el dominio de Pekín.

La cumbre duró un día, no hubo acuerdos vinculantes pero el mensaje llegó claro al Gran Palacio del Pueblo, un majestuoso edificio con una superficie de 171.801 metros cuadrados, 356 metros de largo, 206,5 metros de ancho y una altura que supera los 46 metros, en el que Xi Xinping recibe a los mandatarios para exhibir la grandeza de la nueva China.

Tres meses y medio después, Pekín movió sus fichas. No lo hizo en una cumbre, sino con documentos que entran en vigor y que tienen el sello de una política de Estado. El 20 de mayo de 2026, el Consejo de Estado promulgó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Recursos Minerales, Decreto número 839, que lleva la firma de Li Qiang, un hombre muy cercano a Xi Jinping.

Nacido en julio de 1959, en Ruian, provincia de Zhejiang, Qiang asumió su cargo en marzo de 2023 tras ser designado en la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional. Además de ser miembro pleno del Comité Permanente del Buró Político del XX Comité Central del Partido Comunista de China, ejerció funciones en Wenzhou y Hangzhou (Zhejiang) y dirigió Shanghái, el principal bastión comercial del país.

La excelente relación con Xi, su articulación con el sector privado y el comercio exterior le otorgan un perfil distintivo entre los líderes chinos, con un conocimiento práctico entre la política pública y la dinámica empresarial.

En su condición de Primer Ministro, Li Qiang lidera la implementación de las políticas económicas y administrativas del gobierno, con énfasis en la innovación tecnológica y la apertura de alto nivel. Durante su gestión ha puesto particular énfasis en la promoción de los sectores estratégicos para la economía del siglo XXI como es el caso de los vehículos eléctricos y ha desempeñado un rol clave en la instalación de Tesla en Shanghái, la primera fábrica automotriz íntegralmente de capitales extranjeros en China.

La firma de Quiang y la omnipresencia de Xi le otorgan al reglamento la jerarquía de una política de Estado. La norma comienza a regir el 15 de junio de 2026.

La minería inteligente abandona la etapa de construcción decorativa. El nuevo estándar es la tasa de operación rutinaria: mínimo 80% en 2026 para caminar hacia el sendero del 90% de automatización en 2030.

El reglamento que blinda la cadena

El nuevo reglamento comprende 8 capítulos y 75 artículos. Su primer pilar es un catálogo legal de minerales estratégicos, entre otros, el litio, las tierras raras, el tungsteno, el cobalto y el níquel. Para cada uno el reglamento exige una licencia independiente, prohíbe la minería encubierta y controla el volumen total extraído cada año lo que le permitirá tener un dominio sobre la producción y disponibilidad que China posee de cada mineral y diseñar una política de equilibrio entre el desarrollo interno y las exportaciones de estos bienes estratégicos. Además, crea reservas estatales y sistemas de respuesta frente a las emergencias.

El segundo pivote centraliza la aprobación de los derechos mineros en el ámbito del Ministerio de Recursos Naturales, sin opción de delegación, con el fin de contar con un control efectivo de los recursos y de definir políticas acordes con el proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo.. Se perfecciona la licitación competitiva y se establecen normas para todo el ciclo: transferencia, construcción, explotación, cierre y restauración ecológica.

El tercer pilar eleva los requisitos ambientales y de eficiencia estableciendo tasas de recuperación minera, el aprovechamiento integral de recursos y una restauración obligatoria. Por último, se implanta un sistema de supervisión digital y se endurecen las sanciones contra aquellos que no cumplan con las pautas establecidas por la nueva política de Estado..

Con este mismo criterio, el reglamento refina los estándares de sanción para la minería ilegal y las aprobaciones irregulares. Las empresas infractoras enfrentan una supervisión estricta y sanciones monetarias.. Quienes no cumplen con los objetivos de eficiencia y protección ecológica también reciben multas que se ajustan a la gravedad de la infracción. El texto no detalla los montos concretos ni plazos de suspensión; remite a normativas complementarias que se conocerán progresivamente a partir del 15 de junio.

La industria china se autocrítica

Wuhan Qi, presidente de CITIC Heavy Industries, una empresa que se dedica a la investigación y fabricación de equipos para minería, cemento, metalúrgica y fundición de gran tamaño, componentes críticos y robots de rescate y lucha contra incendios, admite que muchos equipos inteligentes se exhiben pero casi no se usan y reclama que la tecnología sea rentable, y no solo sirva para vestir una vitrina.

El control del volumen total extraído es una herramienta de planificación central. El gobierno fija un cupo máximo de extracción para cada mineral estratégico. Ninguna empresa puede superar ese límite. De esta manera, se evita la sobreexplotación y el caída de los precios.

Además, el Estado obtiene una palanca directa para regular la oferta internacional. Si Pekín quiere encarecer las exportaciones, reduce el cupo. Si quiere ganar cuota de mercado, lo aumenta. Es una herramienta de política industrial y geopolítica.

El analista Zhuang Wenyue, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica del Sur de China, señala que el reglamento eleva el uso de los recursos minerales estratégicos al nivel de seguridad económica y nacional.

En declaraciones de las que se hicieron eco distintos medios internacionales, Zhuang afirmó que con estas políticas Pekín refuerza el suministro interno, la gestión estratégica, el almacenamiento y la protección ambiental.

En la misma línea de trabajo, dos días antes, el 22 de mayo, en la ciudad de Urumqi, Xinjiang, se presentó en sociedad el Libro Azul de la Minería Inteligente y la Conducción No Tripulada 2026.

El Libro Azul 2026, operación rentable

El Libro Azul fue diseñado y elaborado por el Laboratorio Nacional Clave de la Universidad de Minería y Tecnología de China, el Instituto de Investigación de Minería del Espacio Digital de Xuzhou y la plataforma EO Intelligence. Su diagnóstico central es contundente.

De esta manera, la minería inteligente china abandona la fase de construcción, de instalar tecnología e ingresa en la fase de operación, que apunta a generar valor económico de forma continua.

Los datos de 2025 respaldan este viraje. China tenía 1.806 frentes de minería inteligentes en 907 minas de carbón. La capacidad inteligente superaba el 50% del total. Más de 16.000 puestos de trabajo fijos estaban automatizados. Operaban 2.640 robots y más de 4.000 vehículos autónomos. Pero el Libro Azul advierte que la mera instalación de sistemas ya no alcanza. El nuevo parámetro competitivo es la tasa de operación rutinaria. El gobierno fijó para 2026 un mínimo del 80% en los frentes inteligentes, como paso intermedio hacia el objetivo del 90% de automatización para 2030.

El Libro Azul distingue dos fases. La primera se extendió hasta 2025, fue la de construcción: instalar equipos, sensores y software. La segunda fase, que comenzó desde 2026, es la de operación. Dicho en otras palabras, lograr que todo ese equipo funcione de manera rutinaria, fiable y rentable.

Es el paso de tener tecnología a saber usarla bien y generar ganancias. El gobierno puso un número concreto a esta exigencia. A partir de este año 2026, los frentes inteligentes deben alcanzar una tasa de operación rutinaria del 80 por ciento. Ocho de cada diez veces que se enciende, el sistema tiene que funcionar sin inconvenientes. En la fase de construcción muchas empresas instalaban tecnología para cumplir con las normas, pero luego no la usaban, un fenómeno conocido en la jerga como los equipos de escaparate. El Libro Azul le pone un coto a esta ventana.

El concepto de operación que propone el Libro Azul es de carácter integral pues comprende un sistema de circuito cerrado que abarca percepción, control, toma de decisiones y gestión de negocio, utilizando internet industrial de las cosas, big data, inteligencia artificial y gemelos digitales. De hecho, incluye tres dimensiones concretas. A saber.

Primero, un sistema de seguridad operativo para minería no tripulada, que estandariza desde la autoinspección previa hasta la gestión de datos. En segundo lugar, una solución integrada de energía renovable, denominada como fuente-red-carga-almacenamiento, que transforma la mina en un operador energético con generación y de almacenamiento propio.

En tercera instancia, una plataforma inteligente que unifica vehículos, neumáticos, vías y mantenimiento. Los datos indican que el endurecimiento de caminos con tecnología de reciclaje en frío reduce los costos en más de un 36 por ciento.

El reglamento establece un mínimo de cinco años para las reservas in situ de minerales estratégicos y permite revisiones de seguridad a las inversiones extranjeras. El Libro Azul fija un estándar de eficiencia operativa para la industria. La meta del 90% de automatización para 2030 es un horizonte de modernización. Estas herramientas consolidan la posición de China en la cadena de suministro mundial.

En el terreno operativo, la propia industria china reconoce los desafíos a resolver. Wuhan Qi, representante de la Asamblea Popular Nacional y presidente de CITIC Heavy Industries, una firma líder que se dedica a la fabricación de maquinaria pesada, advirtió en marzo de 2026 que la construcción de minas inteligentes aún se encuentra en una fase de puntos de avance, lejos de la excelencia general.

Qi reconoció que existen problemas asociados a la falta de sistematización, coordinación insuficiente y escasa efectividad real. Persisten los equipos de escaparate. Por ello, el ejecutivo impulsa la necesidad de elevar la tasa de operación rutinaria como estándar mínimo para que la inversión tecnológica garantice un retorno económico.

En clave geopolítica, la combinación del objetivo del 90% de automatización para 2030 y la operación eficiente del Libro Azul podría garantizarle a China un control sobre la oferta de minerales críticos con menores costos unitarios y una capacidad de escalamiento que sus competidores; Estados Unidos, Australia y Canadá, no pueden igualar.

El Libro Azul adelanta nuevos modelos de negocio: Energy as a Service, ATaaS, gestión de activos digitales y el modelo de finanzas inteligentes integradas. Estos esquemas convierten la mina de un centro de costo en un centro de valor. Para Washington, la dependencia de los suministros chinos se vuelve aún más asimétrica.

Un tablero global que no para de moverse

La Casa Blanca lanzó su alianza en febrero. Pekín respondió en mayo con un reglamento, un libro azul y un horizonte de automatización. El reglamento establece un mínimo de cinco años para las reservas in situ de minerales estratégicos y permite revisiones de seguridad a las inversiones extranjeras. El Libro Azul fija un estándar de eficiencia operativa para toda la industria. La meta del 90% de automatización para 2030 es un horizonte de modernización. En conjunto, estas tres herramientas consolidan la posición de Pekín en la cadena de suministro mundial.

El reglamento, los planes de automatización y el Libro Azul producen efectos en tres niveles complementarios. A nivel nacional, China asegura su cadena de suministro de minerales estratégicos. El control independiente de recursos clave se eleva con herramientas legales como reservas, licencias y control de volumen, operativas como minería autónoma y supervisión digital, y un alto grado de automatización. Esto refuerza su posición en la disputa tecnológica con Estados Unidos, donde los semiconductores, las baterías y los sistemas de defensa dependen de esos insumos.

A nivel interno, precipita una gran reorganización. Las pequeñas empresas mineras dispersas, contaminantes o ineficientes ven reducido su margen de supervivencia. La concentración aumenta en favor de los grandes operadores que cumplen la normativa y disponen de un sistema tecnológico inteligente. Es decir, que más allá de las fricciones que despierten estos cambios en la relación con sus aliados y competidores, la revolución jurídico-tecnológica que impulsa Pekín tendrá un fuerte correlato al interior de su propia economía porque implica también una recoversión del sistema de negocios local, forzando a las empresas a mejorar su competitividad.

El objetivo del 90% de automatización acelera este proceso. Unicamente las empresas con capacidad de inversión y desarrollo tecnológico podrán alcanzar esos estándares. El Estado impulsa esta reorganización, reduce la fragmentación y controla de forma más directa y eficiente, la producción y los precios de los minerales críticos.

A nivel empresarial, el nuevo marco penaliza a los infractores y beneficia a los que cumplen. Las empresas con tecnología avanzada, restauración ecológica y eficiencia energética obtienen ventajas. Quienes operan al margen de la ley enfrentan supervisión digital constante y sanciones. El objetivo del 90% añade presión adicional ya que las empresas que no automaticen sus operaciones a ese nivel para 2030 quedarán rezagadas frente a los estándares nacionales.

El Libro Azul 2026 no establece sanciones económicas directas para las empresas que no alcancen los objetivos operativos. El mecanismo de presión es competitivo. Las empresas que no logren esos estándares quedarán en desventaja en un contexto de creciente concentración del sector. El Libro Azul no menciona multas, suspensiones ni penalidades administrativas.

Este triple filtro, legal con el reglamento, tecnológico con el Libro Azul y de automatización con el objetivo 2030, actúa como barrera de entrada para compañías extranjeras que quisieran competir en el procesamiento dentro de China, y como un escudo protector para las compañías nacionales que realicen las inversiones necesarias para cumplir con los nuevos estándares.

Oportunidades de mercado en clave geopolítica

El paquete de medida de China está orientado en cuatro sentidos claramente definidos.

En primer lugar, los minerales estratégicos ven su oferta controlada y su demanda en aumento por las energías renovables y el aumento de los gastos en el sector de Defensa. Los precios de referencia se desplazan al alza, beneficiando a los productores chinos y encareciendo a su vez las importaciones de Estados Unidos y Europa.

Además, los líderes del sector que cumplen la normativa ganan cuota de mercado a medida que desaparecen las pequeñas empresas. La concentración del mercado otorga a estas grandes firmas chinas un mayor poder de negociación global. Las que cumplan con la meta de automatización tendrán una ventaja de costos y eficiencia inalcanzable para sus competidores internacionales.

En tercer lugar, los servicios de restauración ecológica y minería inteligente se expanden por mandato legal. De esta manera, China genera un mercado interno de tecnologías que luego podrá exportar a otros países mineros de África, Asia Central y América Latina, como parte de su política de “diplomacia de recursos”.

Asimísmo, los derechos mineros se tornan más difíciles de obtener, lo que revaloriza los ya existentes. Las empresas chinas con grandes reservas de alta ley ven incrementado el valor de sus activos. A las extranjeras les resulta casi imposible acceder a nuevos permisos.

China transita de una política de puertas abiertas y minería extensiva hacia un modelo de desarrollo estandarizado, seguro, verde, digitalizado y con un alto grado de automatización como meta. En la pugna con Estados Unidos por el dominio tecnológico del siglo XXI, Pekín utiliza su posición dominante en el refinado y procesamiento de minerales estratégicos como una ventaja estructural. Ahora la refuerza con un reglamento que limita el acceso, un libro azul que maximiza la eficiencia operativa y un objetivo claro del 90% de automatización para 2030.

Mientras Washington aún debate cómo reducir su dependencia de los suministros chinos, Pekín ya opera sus minas como centros de valor digital y energético, bajo reglas propias, con tecnología nacional, con la mira en la automatización masiva y con una proyección global que convierte cada tonelada de mineral crítico en una herramienta de influencia geopolítica.

Decreto Nº 839: Cuando los minerales se vuelven infraestructura de Estado

Análisis del editor

El Decreto Nº 839 representa un punto de inflexión en la gobernanza de recursos minerales de China. Más allá de su carácter técnico, constituye la codificación ejecutiva de una visión de Estado. De alguna manera, plantea con claridad que para China los minerales críticos ya no son commodities, sino componentes estructurales del poder nacional chino.

Su importancia radica en cómo transforma principios de seguridad, sostenibilidad e innovación en mecanismos jurídicos aplicables, creando un marco predecible pero flexible, abierto pero soberano.

Importancia estructural y efectos domésticos

El reglamento de China consolida tres avances normativos fundamentales. En primer lugar, institucionaliza la seguridad de recursos mediante criterios objetivos para designar minerales estratégicos (Art. 5), evitando así la discrecionalidad política y habilitando una actualización basada en la evidencia técnica.

En segundo lugar, articula una arquitectura de coordinación interministerial y digitalización de la supervisión (Arts. 60-63), donde la trazabilidad de datos opera como instrumento de gobernanza moderna.

Por último, asocia la responsabilidad ecológica a obligaciones contractuales verificables (Arts. 47-53), transformando en un derecho concreto el principio de “civilización ecológica” del que tanto han venido hablando los funcionarios chinos en los últimos años.

Los efectos esperados son significativos. Probablemente habrá una mayor concentración sectorial (las pymes informales enfrentarán dificultades para alcanzar el cumplimiento efectivo de la norma), reducción de la especulación en derechos mineros (Art. 19), y la aceleración del proceso de transición hacia una minería inteligente y sostenible. No obstante, la implementación exigirá a su vez una mayor capacidad institucional a los gobiernos locales, la interoperabilidad de los sistemas de datos y un esfuerzo importante de adaptación a las empresas que quieran seguir en carrera.

El desafío no radica tanto en el diseño normativo, sino más bien en garantizar coherencia entre la norma escrita y la práctica ejecutiva en provincias que tienen incentivos divergentes.

El mensaje a los inversores: certeza condicional

A los inversores, China les envía una señal dual. Por un lado, transparencia y competencia leal con asignación competitiva de derechos (Art. 8), plazos predecibles (Art. 15), compensación justa frente a las expropiaciones y la protección de secretos comerciales (Art. 61).

Por el otro, condicionalidad estratégica signada por una revisión de seguridad para inversión extranjera (Art. 74), facultad de concesión directa en caso de una urgencia nacional (Art. 8.3) y la cláusula de contramedidas (Art. 76). El mensaje es directo, son bienvenidos pero en un marco de reglas claras definidas por China.

Para los operadores adaptados a la tecnología de punta y los estándares ESG, las oportunidades de fortalecer el negocio o de ingresar a él mejoran. En cambio, a los especuladores o actores del mercado que prioricen el cortoplacismo sobre la sostenibilidad, se les achicará, de manera drástica, el margen de maniobra. Inversión verde y transparente sí, timba no.

El mensaje a los competidores: reciprocidad estratégica

A Estados Unidos, la Unión Europea y otros competidores tecnológicos, el decreto les comunica que la competencia por recursos críticos es estructural, no una mera bravuconada coyuntural. La capacidad china de controlar volúmenes extraídos, activar reservas tripartitas (producto, capacidad, zona) y condicionar el acceso a los minerales procesados incrementa la urgencia de diversificar las cadenas de suministro. Pero admite márgenes para la negociación. Si Occidente busca reducir su dependencia, puede hacerlo mediante acuerdos de reciprocidad que reconozcan los intereses legítimos de seguridad mutua.

La cláusula de contramedidas (Art. 76) no es una declaración de guerra, sino un instrumento de disuasión jurídica pues establece costos potenciales para las medidas discriminatorias externas. Es un símbolo de soberanía normativa proyectada hacia el exterior y una muestra de que a medida que fortalece su posición en el tablero geopolítico global China está abandonando el perfil de dialoguista ingenuo que ha esgrimido en ocasiones frente a los Estados Unidos.

El mensaje a los socios políticos: cooperación bajo reglas

A los países en desarrollo y socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el reglamento ofrece un modelo de gobernanza de recursos que integra seguridad, sostenibilidad y desarrollo. El Art. 7 consagra principios de igualdad, beneficio mutuo y cooperación “en la que todos ganan”. Pero, cuidado, también exige el cumplimiento de leyes locales, gestión de riesgos y protección ambiental.

El mensaje que se encuentra implícito es que China no exporta su modelo, sino que propone estándares de cooperación basados en la reciprocidad jurídica. Para aquellos socios que andan a la pesca de financiamiento, tecnología o acceso a los mercados chinos, la alineación con estos estándares facilita la integración. En tano, para aquellos que priorizan una autonomía regulatoria absoluta, habrá tensiones negociadoras.

Tensiones sin resolver

El decreto es complejo, sofisticado, pero no se encuentra exento de desafíos. La centralización de autoridad (Art. 9) reduce la fragmentación, pero también genera cuellos de botella burocráticos si el Ministerio de Recursos Naturales (el organismo que tiene la prerrogativa exclusiva de control) no escala su capacidad de evaluación. La protección de secretos comerciales (Art. 61) proteje y prioriza la innovación y en paralelo limita la transparencia para inversores extranjeros y observadores independientes.

La cláusula de contramedidas (Art. 76) fortalece la posición negociadora de china, aunque podría asímismo incentivar escaladas regulatorias si se interpreta como herramienta ofensiva.

Finalmente, la ambición de integrar minería, datos y sostenibilidad resulta interesante para aquellos que percibimos el desarrollo tecnológico como una chance para mejorar la eficiencia aunque a su vez exige una coordinación interministerial que históricamente ha sido difícil de sostener en la práctica administrativa china y paradójicamente abre un marco propicio para el rápido desarrollo tecnológico en el negocio minero.

Interdependencia estratégica

El Decreto 839 no apunta a cerrar la economía china, sino a fortalecer su capacidad de negociar desde una posición de seguridad interna. Su valor radica en cómo articula derecho, tecnología y geopolítica en un marco coherente. Seguridad de recursos como condición para la innovación; digitalización como instrumento de gobernanza; y reciprocidad jurídica como principio de relaciones internacionales.

Para China, es un paso firme hacia la autonomía estratégica. Para el mundo, una invitación a repensar la gobernanza global de recursos críticos. No mediante bloques excluyentes, sino con reglas compartidas que reconozcan la interdependencia pero sin perder de vista ni sacrificar la soberanía legítima.

La implementación dirá si este diseño normativo se traduce en una práctica efectiva. Pero el marco, en sí mismo, ya representa un aporte significativo al derecho administrativo económico del siglo XXI.

Mariano Beristain