El instrumento que nació con el oro y ahora revive empujado por el auge del cobre.
El Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM) entre Chile y Argentina no nació como un entramado burocrático, tenía nombres y apellidos solapados con el término de Protocolo de Facilitación. Designaba explícitamente dos yacimientos como sus primeros beneficiarios. Uno era Pascua Lama, el depósito de oro y plata a caballo entre Atacama y San Juan. El otro, El Pachón, el yacimiento de cobre y molibdeno en el departamento de Calingasta. Los dos fueron pensados como la prueba de concepto de una idea audaz y polémica, que un yacimiento pudiera explotarse como si la frontera internacional no existiera, compartiendo caminos, energía y puertos entre dos soberanías distintas.
Gastón Fernández Montero, abogado que encabezó el equipo chileno que redactó el tratado, describió el proceso como un acto de confianza política mutua.
Casi tres décadas después, sin embargo, el instrumento terminó reflejando, más que solucionando, la tensión entre el desarrollo minero y la protección del territorio andino. Esa tensión se llamaba Pascua Lama.
Barrick Gold invirtió miles de millones de dólares (la compañía declara haber desembolsado U$S8.500 millones pero algunos creen que la cifra es bastante menor) y más de una década de litigios antes de que la Justicia chilena confirmara, el 17 de septiembre de 2020, el cierre definitivo del yacimiento que le dio nombre al tratado, falló que la Corte Suprema ratificó el 14 de julio de 2022.
Sin embargo, no todas fueron loas para el proyecto. Un estudio de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Chile, señaló que los glaciares han disminuido su volumen entre 62% y 71% desde 2005 a causa de las acciones de Barrick Gold.
Además, las comunidades Diaguitas acusaron a la minera de contaminar los ríos con drenajes ácidos que contienen arsénico, plomo y otra clase de desperdicios. Y probaron la desaparición de peces, aves, sapos y crustáceos, así como una menor producción en los árboles. Sostienen que el caudal de aguas de los ríos que desembocan en el Valle del Huasco, se redujo un tercio.
Reclamos y acusaciones
Pascua Lama, el proyecto que debía inaugurar la era de la integración cordillerana, terminó paralizado por el daño a los glaciares de la zona y la contaminación del valle del Huasco, en Chile. La Corte Suprema chilena y sucesivas sanciones ambientales fueron secando, año tras año, la viabilidad del emprendimiento hasta que el Tribunal Ambiental de Antofagasta confirmó su cierre definitivo.
El tratado quedó trunco, durante casi una década, en un limbo administrativo, firmado, ratificado, pero sin una Comisión Administradora que sesionara con regularidad. Su primer hijo se había convertido en el símbolo de todo lo que el acuerdo prometía evitar. Aumentó las diferencias en Argentina y Chile, dañó la naturaleza y jamás arrancó.
La ironía no terminó ahí. En 2010, Argentina sancionó la Ley de Glaciares (Ley 26.639), una norma de protección ambiental que entró en tensión directa con los compromisos que había asumido el justicialista de derecha, Carlos Menem, bajo el TICM para proyectos transfronterizos situados en alta montaña. c
Esa coexistencia dejó de ser estática apenas unos meses antes de la reactivación del tratado. El 8 de abril de 2026, tras un debate de más de 11 horas, la Cámara de Diputados aprobó por 137 votos a favor y 111 en contra una reforma que modificó seis artículos de la Ley 26.639, habilitando la actividad productiva en zonas periglaciales antes protegidas; la iniciativa había obtenido media sanción en el Senado el 26 de febrero y fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de abril mediante el Decreto 271/2026.
La reforma no eliminó la ley, pero redefinió su alcance: la protección dejó de regirse por un criterio científico unificado del Inventario Nacional de Glaciares y pasó a depender, en determinadas zonas, de decisiones provinciales sobre qué áreas acreditan una “función hídrica” comprobable. Allanó el camino para el acuerdo.
El escenario luego se trasladó a los tribunales. Una demanda colectiva presentada el 5 de mayo de este año, ante un juzgado federal de La Pampa, impulsada por Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, reunió cerca de 850.000 adhesiones en menos de dos semanas y sumó a Marta Maffei, autora de la ley original, además de organizaciones como la Asamblea Jáchal No Se Toca, el CELS y Amnistía Internacional.
El bloque actor solicitó una medida cautelar para suspender la reforma en todo el país y mantener vigente la norma de 2010 mientras la Justicia resuelve el fondo de la cuestión, todavía sin sentencia firme al momento de la reactivación de la Comisión Administradora del TICM.
‘Sin embargo, la suspensión de hecho de la Ley de Glaciares le dio un empujoncito más al cambio de clima político y a las condiciones de mercado subyacentes con la presencia de José Antonio Kast en Chile y de Javier Milei en la Argentina y al incesante aumento del precio del cobre.
Este metal incrementó su valor de mercado más del 700% desde diciembre de 1997 hasta julio de este año al pasar de menos de 1 dólar por libra a 6 dólares, mientras que en el mismo período el dólar resultó una inversión enclenque pues apenas subió entre el 2 y el 3 por ciento.
El presente y futuro del cobre
El alza del precio del cobre ha estado acompañado por el crecimiento sostenido de la demanda y por las expectativas de que el cambio de modelo de matriz energética basado en la sustitución de las energías basadas en el petróleo y el carbón por energías renovables como la solar, y la eólica, entre otras.
El cobre se usa de forma masiva en kilómetros de cableado eléctrico, unidades de distribución de energía (PDU) y sistemas de conexión a tierra.
La Inteligencia Artificial es intensiva en energía. Los servidores de IA consumen entre 4 y 8 veces más electricidad que los tradicionales, requiriendo densidades de hasta (80 \text{ a } 150 \text{ kW}) por rack frente a los (15 \text{ a } 20 \text{ kW}) convencionales.
A pesar del incremento sostenido del precio del cobre y que los valores continuarán altos en el mediano y largo plazo, Glencore avanza en un yacimiento pero advierte que, según sus propios estudios de origen, el proyecto solo es económicamente viable si su producción sale del país por territorio chileno.
Entonces, mientras Pascua Lama colapsaba, El Pachón siguió un camino distinto y menos conocido. El análisis técnico que acompañó al tratado en sus primeros años explicitó que la factibilidad económica del proyecto dependía de que el mineral se exportara a través de puertos chilenos. Sin ese cruce, el yacimiento perdía atractivo económico.
Ya no se trató de una preferencia diplomática ni de un gesto de buena voluntad entre gobiernos sino de geología y logística puras, la integración obligada por la forma de la cordillera y la distancia a los puertos del Pacífico frente a los que separan el Atlántico.
Opciones qure se barajan para trasladar el cobre
El costo operativo de trasladar el concentrado de cobre desde El Pachón hasta el puerto de Rosario o de San Nicolás (provincia de Buenos Aires) es muy elevado porque hay que recorrer alredeor de 1100 kilómetros y además no existe una infraestructura ferroviaria que permita llevarlo de forma directa.
En cambio, la distancia que separa a El Pachón del puerto de Guayacán en Chile es de 509 kilómetros por camiones con las dificultades que plantea la propia cordillera de Los Andes, la estacionalidad climática (las nevadas) y la incertidumbre política por las diferencias de criterios impositivos y legales entre la Argentina y Chile plantean enormes desafíos para la salida por el Pacífico.
La opción que se está barajando es la construcción de un mineroducto que reduciría notoriamente los costos de trasladar el concentrado de cobre y le darían una mayor previsibilidad al proyecto minero pero requiere una inversión inicial muy alta, que en su traza corta hacia el puerto minero de Los Vilos alcanza los 160 kilómetros para después trasladarlos a fundiciones de China.
También se encuentra en análisis trasladarlo con camiones (como se hace en la actualidad) pero que, dado la magnitud del proyecto que según la empresa alcanzaría las 360.000 toneladas de concentrado (con el componente de humedad y rocas) por año y la hostilidad climática y geográfica (las nevadas y las montañas), se hace más laborioso y adquiere otro grado de complejidad.
Los estudios de Prefactibilidad que Glencore mantiene oculto bajo siete llaves indican, sin demasiadas precisiones, que trasladar el concentrado de cobre desde El Pachón hasta San Juan (363 kilómetros) y de ahí al puerto de Rosario (915 kilómetros por vía terrestre (utilizando camiones o el primer tramo en camión y tren) por el Atlántico puede costar el triple e incluso más que hacerlo por el Pacífico porque tiene que recorrer una distancia que oscila entre los 1.280 y 1.400 kilómetros, de acuerdo al trazado.
Existe, sin embargo, una ventaja operativa, el trayecto de salida al Atlántico es más atractivo porque el terreno es plano y el clima, amigable, debido a la ausencia de nieve.
Casi tres décadas después, el Pachón sigue siendo propiedad 100% de la suiza Glencore, y su historia reciente muestra el ritmo con el que hoy se mueve la minería del cobre en San Juan. La campaña de exploración 2025-2026 cerró con 21.246 metros perforados en 53 pozos, dos puentes construidos sobre los ríos Los Patos y Colorado por US15millones,ymaˊsdeUS15 millones, y más de US15millones,ymaˊsdeUS44 millones volcados a proveedores sanjuaninos.
El yacimiento, con unas 6.000 millones de toneladas de mineral a una ley promedio de 0,43%, es considerado uno de los mayores recursos de cobre sin desarrollar del planeta.
El respaldo binacional
El nuevo tratado emergió con fuerza, con un sólido respaldo político y empresario.
Apenas asumió como mandatario el 11 de marzo de 2026, el chileno José Antonio Kast abrazó la iniciativa y su par de Argentina, Javier Milei acompañó.
“Este hito reafirma nuestro compromiso de avanzar con disciplina, seguridad y responsabilidad”, señaló el directivo de Glencore a cargo de los proyectos en la región.
Por su parte, Christoff Kuhn, director de Portafolio de Proyectos LATAM de Glencore, sintetizó así el cierre de la última campaña, vinculando el avance técnico apoyado en la IA con el objetivo de convertir a El Pachón en una operación de escala mundial.
La compañía ya proyecta un cronograma concreto: aprobación del RIGI durante 2026, inicio de construcción en 2029, primera producción en 2034, con una inversión inicial estimada entre US8.500yUS10.500 millones.
Una comisión que vuelve a sesionar ahora entusiasmada por el cobre
El mineral que en 1997 era apenas el hermano menor de Pascua Lama hoy es el protagonista de la relación binacional, empujado por una demanda que sus redactores originales no podían anticipar, la tracción que genera la transición energética y la infraestructura de cómputo que sostiene la inteligencia artificial.
El 7 de julio de 2026, en un edificio junto a la Casa Rosada, delegaciones de Argentina y Chile acordaron formalmente la reanudación formal de mecanismo dormido durante años.
La XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del TICM se realizó en Buenos Aires con delegaciones encabezadas por el subsecretario de Minería chileno, Álvaro González, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, el secretario de Minería argentino, Luis Lucero, y el director de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe de la Cancillería argentina, Marcos Stancanelli.
Fue la primera sesión del organismo bajo el gobierno de José Antonio Kast, y llegó a menos de cuatro meses de su asunción, y apenas tres meses después de que el Congreso argentino modificara la ley que durante 16 años había sido el principal punto de fricción del tratado.
Alvarez Gonzáless fue más allá al Fue más allá al proponer que la próxima etapa de la integración debe evolucionar para compartir infraestructura, proveedores y capacidades tecnológicas
“La minería en nuestras fronteras será más eficiente, con menores costos”, planteó Álvaro González tras el encuentro.
González resumió el objetivo declarando que la cooperación fronteriza permitirá reducir costos y aumentar la oferta de minerales críticos al mercado global.
Fue más allá al proponer que la próxima etapa de la integración debe evolucionar para compartir infraestructura, proveedores y capacidades tecnológicas, y que el éxito del acuerdo no se medirá por la cantidad de proyectos que crucen la cordillera, sino por la capacidad de ambos países de transformar una cartera de proyectos binacionales superior a los U$S20.700 millones en inversión real para las regiones fronterizas.
La reactivación coincide con el mayor ciclo de inversión cuprífera que atraviesa Argentina desde el cierre de la mina Bajo de la Alumbrera en 2018, y con el ascenso del distrito Vicuña, en la frontera entre San Juan y la región chilena de Atacama, como uno de los polos de exploración de cobre y oro más relevantes de Sudamérica.
El country manager de Vicuña y presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea, ofició de portavoz de la reunión y adelantó a través de la red social LinkedIn que “fue una excelente instancia para seguir avanzando en los Protocolos Adicionales Específicos”.
Morea destacó que esos protocolos —los mismos instrumentos legales que en 1997 se diseñaron para Pascua Lama y El Pachón— son hoy la herramienta que necesita Vicuña para avanzar como proyecto binacional, acelerando inversiones y ordenando procesos entre ambos países.
Los proveedores mineros de San Juan advirtieron públicamente que, sin medidas que compensen las diferencias de competitividad entre ambos países, el tratado podría profundizar una brecha de costos que estiman en hasta el 50% a favor de las empresas chilenas
La estructura jurídica de hace tres décadas se está reutilizando, casi sin modificaciones, para un ciclo minero completamente distinto, aunque ahora sobre una base legal ambiental que ya no es la misma que regía cuando esos protocolos se firmaron.
Sin embargo, no todos celebraron la noticia con el mismo optimismo.
Los proveedores mineros de San Juan advirtieron públicamente que, sin medidas que compensen las diferencias de competitividad entre ambos países, el tratado podría profundizar una brecha de costos que estiman en hasta el 50% a favor de las empresas chilenas. La preocupación expone la otra cara de la integración.
La misma cordillera que unifica geología también separa estructuras impositivas, cadenas logísticas y capacidades industriales muy disímiles entre uno y otros.
El TICM no cambió una sola coma de su texto original desde el año 2000. Lo que cambió fue el mundo que lo rodea, y también el mundo de la ley que convivía con él. Nació para viabilizar una mina de oro que terminó siendo recordada por sus glaciares derretidos y sus demandas ambientales; hoy sostiene la expansión de yacimientos de cobre y proyectos como Vicuña, cuya demanda no proviene de la joyería ni de la especulación financiera, sino de los cables, los transformadores y los centros de datos que necesita la economía de la inteligencia artificial para funcionar.
La Ley de Glaciares ya no es la misma que en 2010: fue reformada meses antes de esta reactivación, y esa reforma está hoy suspendida en los hechos por una disputa judicial que todavía no tiene resolución.
El Pachón sigue dependiendo, como en 1997, de cruzar una frontera que la geología nunca reconoció. Y la Comisión Administradora, que durante años sesionó poco y mal, vuelve a reunirse con una cartera de proyectos que multiplica varias veces el tamaño de aquellos primeros dos yacimientos que le dieron origen, y con una base legal ambiental que, a diferencia de 2010, está hoy en plena disputa y la fractura social por el impacto en el medio ambiente, aunque un poco más larvada, continúa latente.