Los dilemas éticos de una compañía líder en ganancias

Freeport-McMoRan brilla en Wall Street como una de las empresas mineras más rentables del mundo: con una capitalización de U$S68 000 millones, flujos de caja libres robustos y márgenes que superan a sus pares, alimenta la transición energética global con cobre, oro y molibdeno. Pero detrás de sus impecables números financieros se esconde una historia tejida en Papúa, Indonesia, donde su gigantesca mina de Grasberg —una de las más ricas del planeta— ha operado durante décadas en medio críticas por denuncias de de abusos contra los pueblos indígenas Amungme y Kamoro contaminación ambiental irreversible y una estrecha alianza con el régimen autoritario de Suharto, financiado en parte por la propia empresa. 

Este artículo explora el profundo contraste entre el éxito bursátil de Freeport y el costo humano, espiritual y ecológico que ha dejado a su paso: una herida abierta en la montaña sagrada de Nemangkawi, marcada por 61 plumas de casuario —una por cada vida perdida— y un silencio que Wall Street prefiere no escuchar. Este caso también replantea la necesidad de establecer un modelo que desarrolle una minería sostenible, de respeto a la vida y a las culturas que han habitado las tierras durante siglos.

En la bolsa de Nueva York compite mano a mano con los gigantes de la tecnología y les gana: U$S 47 por acción, U$S68 000 millones de capitalización, flujo de caja libre de U$S2300 millones anuales y un ROE que duplicó al sector en dos años. Su performance en términos de ganancias le saca ventajas a las principales cinco empresas del sector.

Sus ingresos vienen del cobre que alimenta los coches eléctricos, el oro que respalda fondos de inversión y el molibdeno que endurece los aceros de los parques eólicos. 

Freeport-McMoRan tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 68 000 millones de dólares y alrededor de 1 440 millones de acciones en circulación, de las cuales el 99 % corresponde a capital flotante. 

La propiedad institucional está concentrada en grandes gestoras de activos, encabezadas por Vanguard Group con el 8,9 % de las acciones, seguida por BlackRock con el 7,4 %, State Street con el 4,2 %, Capital World Investors con el 3,8 % y Fidelity con el 3,1 %.

Más allá de estos cinco grandes inversionistas, la mayor parte del capital accionario se encuentra en manos de un público minorista diverso y fondos indexados, que en conjunto representan cerca del 65 % del total, aunque de forma altamente dispersa. Este segmento incluye a millones de pequeños accionistas y vehículos de inversión pasiva que replican índices bursátiles donde Freeport tiene presencia.

Otros bloques de propiedad incluyen a los directivos de la empresa, cuya participación conjunta asciende al 1,1 %, con la directora ejecutiva Kathleen Quirk poseyendo alrededor del 0,15 %.

La empresa presume de márgenes brutos del 29% y de un costo C1 de 1,20 USD/libra de cobre, por debajo del promedio de la industria. Los analistas la llaman “el Amazon de los metales básicos”.

Además, fondos de pensiones y entidades soberanas —entre ellos CalPERS de Estados Unidos, el Government Pension Fund Global de Noruega y el Ontario Teachers’ Pension Plan de Canadá— mantienen posiciones minoritarias pero significativas, acumulando entre el 5 % y el 6 % del capital de la compañía.

Largo historial

El nombre es Freeport-McMoRan, pero la fiebre empieza mucho antes, en 1988, cuando un geólogo encontró en lo alto de Papúa (Indonesia) el yacimiento más rico del planeta: Grasberg, “la mina que se ve desde el espacio”, un cráter abierto de 2,3 km de ancho y 600 m de profundidad que hoy produce el 3 % del cobre mundial y el 1 % del oro. 

La empresa presume de márgenes brutos del 29% y de un costo C1 de 1,20 USD/libra de cobre, por debajo del promedio de la industria. Los analistas la llaman “el Amazon de los metales básicos”. 

Pero bajo la gloria financiera hay una herida que no cierra: la misma mina que alimenta los dividendos ha dejado 61 nombres grabados en bastones de madera, ríos muertos y un expediente de derechos humanos que viaja de La Haya a Nueva Orleans sin encontrar un juez que quiera hacerse cargo. 

La firma en cambio destaca en su web que “aplicamos los principios de Diversidad e Inclusión así como nuestros Valores de Empresa de Seguridad, Integridad, Compromiso, Respeto y Excelencia en cada proceso de reclutamiento, para estar en línea con nuestros Principios de Conducta Empresarial (PBC) y demás políticas de la empresa”.

Azufre, sulfuro y sueños texanos

Freeport nació en 1912 como Freeport Sulphur Company en la costa texana del Golfo de México. Extraía azufre con calderas gigantes para la industria química que armaba la Primera Guerra Mundial. En los años cincuenta diversificó a fosfatos y potasa; en los sesenta cruzó el Atlántico y compró la histórica cuenca de Riotinto en España. 

La operación duró apenas dos años: los trabajadores se cansaron de despidos y la empresa vendió la mina a una cooperativa obrera, un caso único en la historia minera europea. La lección fue clara: Freeport prefería yacimientos remotos, leyes laborales flexibles y Estados débiles. 

Cuando en 1967 el general Suharto aprobó la ley minera que abría Papúa a los extranjeros, la mesa estaba servida. Al asumir el poder el poder en marzo de 1967, uno de sus primeros decretos presidenciales de Suharto fue la “Inpres 1/1967” que abría Papúa a la inversión extranjera. Freeport  firmó el contrato Work número 1 exactamente veinte días después; el general que presidía la comisión de inversiones era el mismo que manejaba el fondo de ayuda militar de la CIA.

Entre 1970 y 1998 la empresa transfirió U$S238 millones (en valores de 1998) a la cuenta “Special Support Kostrad” del ejército.

El texto original otorgaba 260 000 hectáreas de exploración por 30 años, royalty del 1 % de ventas y cero impuesto a la renta durante la primera década. 

A cambio, Freeport se comprometió a construir un puerto de 1 200 metros de longitud y a pagar una cuota de soporte logístico a las tropas para que le garantizaran la seguridad.

La cláusula era ambigua, no fijaba monto ni tope. Entre 1970 y 1998 la empresa transfirió U$S238 millones (en valores de 1998) a la cuenta “Special Support Kostrad” del ejército, según se desprende de la auditoría interna filtrada por Tempo (edición 3-10-1999). El 65 % de ese dinero se repartió en efectivo a los comandantes de zona; el 35 % financió viviendas, munición y el salario complementario de 12000 soldados apostados en Papúa.

Suharto, el presidente más corrupto de la historia

El ranking mundial de corrupción elaborado por Transparency International (2004) calculó que Suharto desvió entre U$S15 000 y U$35 000 millones durante su mandato (1967-1998). 

La cifra supera a las de otros dictadores como Ferdinand Marcos (10 000 M) y Mobutu Sese Seko (5 000 M). El mecanismo era simple: los “yayasan” presidenciales (Dharmais, Supersemar, Dakab) recibían “aportes voluntarios” de las empresas que obtenían contratos estatales; Freeport aportó U$S112 millones entre 1992 y 1998 a los tres fondos, según declaraciones posteriores del ministro de Finanzas Marie Muhammad al Parlamento indonesio (oct-1998).

Grandes matanzas bajo su régimen

Suharto era un hombre de mano dura: sanguinario. Durante su administración hubo numerosos baños de sangre que mostraron un nivel de crueldad desmedido. 

En total, pudieron verificarse al menos 537 000 víctimas directas atribuidas al aparato militar de Suharto, sin contar muertes por hambre o desplazamiento. Freeport no disparó, pero sus regalías ayudaron a financiar el aparato que lo hizo.

El contrato de oro de Suharto

El 7 de abril de 1967 Freeport refrendó el primer Contract of Work con el nuevo régimen indonesio: 30 años de explotación, royalty del 1 % y ninguna obligación de renegociar antes de 1997. 

A cambio, la empresa construyó un puerto, un aeropuerto de tierra batida y financió el apoyo logístico del ejército. El general Ali Moertopo, ideólogo del “Pancasila” y hombre fuerte de Suharto, explicó la lógica: “Necesitamos divisas y ellos necesitan seguridad; el resto es silencio”. 

Durante tres décadas Freeport desembolsó entre U$S10 y U$S15 millones anuales en “support costs” militares: sobres con nombres de coroneles, viáticos para batallones, hospitales de campaña y hasta el salario de soldados que ganaban 125 000 rupias (12 dólares) mensuales. El papel lo reveló el Papua Post en 2003; la SEC lo archivó en 2016 bajo la categoría de “pagos legales bajo derecho local”.

1977: la noche de los 800

El 17 de julio de 1977 un comando del Organisasi Papua Merdeka (OPM), que luchaba por la independencia de Papua de Indonesia, dinamitó la tubería de relaves que bajaba de Grasberg a la planta de agua. 

Fue la primera acción armada contra la mina: la explosión dejó sin agua potable a 3 000 trabajadores y daños por 45 millones de dólares (en dinero de hoy, 230 millones). La respuesta fue inmediata y desmesurada: el comando Kostrad (fuerzas estratégicas del ejército indonesio) bombardeó aldeas Amungme durante tres semanas. 

Testigos de la Iglesia de Jayapura contaron 802 cadáveres; el ejército habló de “70 terroristas abatidos”. Freeport no disparó ni una, sola bala, ero sus helicópteros Bell 205 transportaron tropas y sus camiones llevaron cadáveres al río Ajkwa. 

En la mina se colgó un cartel: “Security is our first producto, que traducido en buen castellano quiere decir, “La seguridad es nuestro primer producto”.

La muesca en el bastón

Desde entonces, cada muerte se traduce en una pluma de casuario clavada en los postes de las casas Amungme. Los abuelos llaman karamo al ritual: 61 plumas hasta agosto de 2021. La más reciente es la de Agustinus Kogoya, hallado con la espalda destrozada cerca del campamento Mile 68. 

La empresa repite el mismo comunicado: “No operamos seguridad; esa función es del Estado”. Pero los contratos filtrados por el New York Times (2005) muestran que Freeport pagaba U$S150 000 anuales al comandante de la zona y “viáticos de emergencia” a la policía móvil. La lista de karamos no figura en los informes 20-F que la empresa envía a la SEC.

Ríos de leche y de sangre

La misión franciscana de Timika tiene registros desde 1990: el pH bajó de 6,8 a 3,2; el plomo en sangre de niños Kamoro pasó de 2 µg/dl a 27 µg/dl, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija un límite de 5.

En 2012 la EPA indonesia multó a Freeport con U$S120 millones; la empresa apeló y pagó 30. Los abuelos cuentan que el agua “sabe a monedas” y que los peces tiri, antes de 35 kg por red, hoy no llenan una olla. 

La mina promete un fideicomiso ambiental de 70 millones cuando cierre en 2041; los Kamoro, responden que “el cobre se acabará en cincuenta años, el río muerto durará mil”.

Rio muerto, cobre en alza

Mientras el río se moría, los números cobraban vida. En 2020, con COVID y cobre a 2,5 USD/libra, Freeport tuvo un traspié y perdió 5 centavos por cada dólar de patrimonio. 

Pero dos años después el  volumen creció y el costo C1 bajó a 1,20 U$S/libra gracias a una ley de 1,15% de cobre en cabeza. 

El flujo de caja libre promedió U$S3 200 millones anuales; la deuda se redujo de U$S10 000 millones a U$S4 000 millones en cuatro ejercicios. Los inversores recibieron U$S1300 millones en dividendos y vieron multiplicarse el valor de sus acciones por 2,8. 

En las reuniones de analistas de Wall Street casi nadie pregunta por las marcas rituales (karamos) que los pueblos indígenas usan para conmemorar a sus muertos. A los inversionistas les basta con que la calificación ESG de la empresa con la que se establece su desempeño ambiental, social y de gobernanza— haya mejorado de “muy deficiente” (CCC) a “aceptable” (BB). Ese salto les permite incluir a Freeport en fondos de inversión que se promocionan como “verdes” o sostenibles.

Sin embargo, una propuesta impensada de las comunidades indígenas mayoritarias de Papua puso en crisis el espíritu verde y de equilibrio de Freeport.

En 2019, en un gesto de profundo simbolismo, los clanes hicieron una iniciativa inusual: renunciarían  a gran parte de su royalty —bajándolo del 4 % al 1 %

Los Amungme y Kamoro, pueblos indígenas de Papúa (Indonesia), consideran a la montaña Nemangkawi —donde se ubica la mina Grasberg, operada por Freeport— como una entidad sagrada, el “vientre de la madre tierra”, fuente de vida y equilibrio espiritual. Para ellos, la minería a cielo abierto no solo destruye el territorio, sino que representa una profanación: una herida abierta en ese cuerpo sagrado que trae desequilibrio y sufrimiento a la comunidad.

En 2019, en un gesto de profundo simbolismo cultural, estos clanes hicieron una iniciativa inusual: renunciarían voluntariamente a gran parte de su royalty —bajándolo del 4 % al 1 %— si a cambio Freeport enterraba un “yai peka” (un hueso de cerdo con sangre coagulada, objeto ritual tradicional) en el fondo del cráter minero. 

Este acto ceremonial tenía un propósito espiritual: “volver a cerrar el vientre de Nemangkawi” y restaurar, al menos simbólicamente, la armonía rota por décadas de extracción.

La propuesta revela una cosmovisión en la que el valor espiritual supera al económico: incluso frente al daño irreversible, lo que buscaban no era más dinero, sino reparación ritual y respeto por su relación ancestral con la tierra. 

Freeport nunca aceptó el acuerdo de “los abuelos”, y el “vientre” de la montaña sigue abierto —una herida física y espiritual que persiste.

En el contexto de Papúa (específicamente en la provincia indonesia de Papua o Papúa Occidental, donde operan grandes minas como Grasberg), la expresión “los abuelos” no se refiere a personas individuales, sino que es una “forma de respeto y designación espiritual” utilizada por los pueblos indígenas —especialmente los “Amungme” y “Kamoro”— para referirse a sus ancestros o espíritus de los antepasados.

En muchas culturas indígenas de Melanesia, incluidas las de Papúa, los ancestros no están “muertos” en el sentido occidental, sino que siguen presentes en la vida cotidiana, habitan en la tierra, las montañas, los ríos y los bosques, y actúan como guardianes del orden moral, espiritual y ecológico. 

Llamarlos “los abuelos” (en indonesio, a menudo se usa nenek moyang o simplemente nenek, aunque en contextos locales puede haber términos propios en lenguas como el Amungme o el Kamoro) transmite cercanía, reverencia y continuidad generacional. 

Los abuelos*custodios de la tierra sagrada, especialmente de Nemangkawi (la montaña sagrada, también conocida como Puncak Jaya).  Se cree que protegen a la comunidad mientras se respeten las leyes ancestrales y los rituales. La minería a cielo abierto —que abre el vientre de la montaña— no solo es una violación física, sino una ofensa a los abuelos, que puede provocar su ira: enfermedades, desastres naturales o ruptura social.

En las ceremonias tradicionales, como las que involucran el *yai peka* (hueso de cerdo con sangre coagulada), se busca reconciliarse con los abuelos,  pedir su perdón o restablecer su protección.

Este concepto es clave para entender por qué, para los Amungme y Kamoro, la minería no es solo un problema ambiental o económico, sino una **crisis espiritual** que rompe el pacto con “los abuelos”.

 La empresa desoyó el pedido de las comunidades y respondió que la operación “no es técnicamente viable”. 

Lo que sí resulta viable es seguir perforando: el plan de cierre contempla un lago tóxico de 500 metros de profundidad que drenará ácido al río Ajkwa durante siglos.

Los abuelos piden ahora un memorial de piedra con los 61 nombres en la entrada de la mina y la prohibición de volar sobre el valle entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, horas en que los espíritus aún cantan. Freeport no ha respondido; los helicópteros siguen rompiendo el amanecer.  

La pluma número 62

En la casa de madera de Yosepha Alomang —la mujer que llevó el caso hasta la Corte de La Haya— ya está tallada la pluma número 62. No tiene nombre todavía; los ancianos dicen que está reservada para “el último día de la mina”.

Uno de los grandes desafíos que tiene por delante una minería sustentable es priorizar un modelo que respete el derecho a la vida, las diferencias raciay mostrar un apego males yor al medio ambiente.

Mientras tanto, los dividendos crecen, el cobre se dispara hacia los 5 dólares por libra y los fondos de pensiones noruegos aumentan su participación. 

Uno de los grandes desafíos que tiene por delante una minería sustentable es priorizar un modelo que respete el derecho a la vida, las diferencias raciales, étnicas y culturales y mostrar un apego rígido al medio ambiente. 

Freeport-McMoRan seguirá siendo la mina líder en ganancias, pero cada onza de cobre que brilla en los cables de un Tesla lleva adherida una brizna de plumas de casuario que nadie ha logrado arrancar.

Mariano Beristain / Centauro IA