El proyecto Los Azules, enclavado en los Andes, en la provincia argentina de San Juan, obtuvo su aprobación ambiental en 2024 y en 2025 su Estudio de Factibilidad, en pleno auge mundial de la demanda de cobre. Esta iniciativa surge como respuesta a la urgencia global de minerales críticos impulsada por la transición energética y se inserta en un escenario argentino deseoso de transformar su potencial minero. Pero, como toda mina de altura, carga con certezas técnicas y sombras ambientales difíciles de soslayar.
Del marco nacional a la vecindad de estándares globales
El andamiaje normativo que rodea a Los Azules combina normas nacionales, provinciales y exigencias internacionales de sostenibilidad. En lo nacional, la Ley 25.675 de Protección Ambiental establece un piso mínimo para la tutela ambiental, dejando a las provincias la administración de sus recursos provinciales, que en diciembre de 2024 emitió la ansiada Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Paralelamente, la inserción de Los Azules en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —resolución oficial 1553/2025— le confiere al proyecto estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera durante tres décadas.
Pero este andamiaje legal supone una novela aún en desarrollo: los compromisos ESG que invoca la empresa —acuñados bajo recomendaciones del Banco Mundial / International Finance Corporation (IFC)— no tienen carácter de obligación legal plena en la Argentina. El acuerdo firmado entre la compañía y la IFC en septiembre de 2025 consigna la intención de operar con electricidad 100% renovable y bajos consumos de agua, pero su materialización depende de la ingeniería final y de mecanismos de control externo. En ese terreno de normas híbridas —locales, nacionales e internacionales— el proyecto provee más certezas administrativas que garantías técnicas: la ley nacional regula mínimos ambientales, la provincia controla permisos, y los estándares ESG son promesas de mercado.
Escala, producción y empleo
Según el reciente Estudio de Factibilidad (FS) publicado en octubre de 2025, Los Azules emerge como un yacimiento de cobre de alta pureza con vida útil mínima de 21 años, produciendo un promedio de 148.200 toneladas de cátodos de cobre por año.
El capital comprometido ronda los U$S 3.170 millones, cifra que comprende la construcción de mina, planta de procesamiento e infraestructura de apoyo.
Desde el punto de vista estrictamente económico, el proyecto se presenta con cifras que seducen: un Valor Actual Neto (VAN) post-impuestos, con tasa de descuento del 8 %, de entre U$S 2.700 y U$S 2.900 millones, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) nada desdeñable del 19–20 %.
En materia laboral, la empresa informa que ya emplea a 391 personas, de las cuales más de 120 son de la localidad de Calingasta, ubicada al sudoeste de San Juan; esos puestos corresponden a tareas de exploración, oficinas y gestión preliminar. Con la operación plena, el gobierno provincial estima más de 3.500 empleos directos e indirectos.
Para los ejecutivos de McEwen Copper, la solidez técnica y económica del proyecto se conjuga con un diseño conforme a mejores prácticas globales. “Hemos desarrollado un plan para un activo de larga vida útil que desempeñará un papel clave en la transición mundial hacia la energía limpia”, declaró el presidente de la firma, Rob McEwen. En tanto, el gerente general del proyecto, Michael Meding, agregó: “Confío plenamente en que contamos con el plan adecuado, el equipo adecuado y las alianzas adecuadas para desarrollar Los Azules… aspiramos a crear la primera mina de cobre regenerativa de Argentina”.
Estos datos técnicos y económicos posicionan a Los Azules como un proyecto estratégico dentro del esquema de exportaciones minerales argentinas, con la promesa de reconectar al país con el mercado global del cobre, después de años de inmovilismo.
Riesgos: agua, ecosistemas de altura y conectividad hidrogeológica
Sin embargo, la dimensión técnica no eclipsa los interrogantes ambientales que impactan sobre el proyecto. Su emplazamiento a unos 3.500 metros de altitud, en la cordillera de Los Andes —a sólo seis kilómetros de la frontera con Chile— lo coloca en un ecosistema sensible, donde la disponibilidad hídrica es escasa y frágil.
Los retos más delicados giran en torno al uso del agua. Aunque McEwen afirma que el diseño de la mina prioriza métodos de bajo consumo hídrico —en línea con los estándares ESG pactados con IFC—, los volúmenes exigidos por una operación de 148.200 toneladas anuales de cobre implican demandas relevantes, y la Cordillera no garantiza recarga constante. Hasta ahora, los documentos públicos no determinan con claridad cómo se compatibilizará el abastecimiento con los regímenes de cuenca, las temporadas secas o las variaciones climáticas.
Un segundo foco de preocupación anida en los ambientes periglaciales y glaciares rocosos, comunes en esa altitud andina. Si bien no hay estudios recientes que certifiquen la presencia de glaciares activos en la zona de concesión, la proximidad con altas quebradas de montaña y nacientes hace que cualquier alteración —terreno, drenaje, almacenamiento de relaves (residuos sólidos y líquidos después de procesar el mineral)— pueda modificar las dinámicas naturales del agua. Al tratarse de roca fracturada y suelos áridos, la interconexión hidrogeológica podría implicar riesgos de fugas subterráneas, alteración de acuíferos y efectos en cuencas aguas abajo.
Desde una escala más amplia, la “huella ambiental reducida” que promueve la empresa depende de supuestos de diseño final y cumplimiento futuro —lo que en minería suele ser una promesa incierta, sujeta a variaciones durante la construcción, operación y cierre. Esa incertidumbre técnica debería ser explicitada, según las guías de mejores prácticas ESG.
En el plano social, aunque la creación de empleo y bienes de capital puede beneficiar a comunidades locales, no hay aún evidencia pública de un plan robusto de monitoreo ambiental independiente, mecanismos de participación ciudadana continua o garantías para la conservación de paisajes y biodiversidad de montaña. Por ese motivo, representantes de organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil han expresado reservas. Por ejemplo, un portavoz de FARN, Andrés Napoli, cuestionó en declaraciones públicas el grado de certeza hidrogeológica del estudio, advirtiendo que “la evaluación, aunque extensa, no alcanza a prever los efectos acumulativos sobre cuencas frágiles ni los riesgos de alteraciones irreversibles en ecosistemas de altura” (declaración recogida en medios locales). —[N. de autor: la cita se refiere a comunicados públicos de la ONG.] Ese tipo de críticas se apoyan en antecedentes regionales —como los debates que rodearon al proyecto El Pachón—, donde la incertidumbre sobre recursos hídricos y glaciares impidió avanzar sin fuertes reclamos sociales.
El enigma técnico persiste: los informes público-técnicos de McEwen y consultoras asociadas —por ejemplo, la consultora internacional Knight Piesold, adjudicataria del estudio ambiental que ha trabajado en más de 50 asesorías para este proyecto— describen escenarios, simulaciones y modelados, pero admiten que la “incertidumbre hidrogeológica permanece”. Esa honestidad metodológica constituye una debilidad: un aviso de que el equilibrio entre producción y sustentabilidad dependerá de la rigurosidad futura en controles, monitoreos y planes adaptativos.
Posicionamiento de inversores
El apuro por concretar Los Azules no nace sólo del mercado local, sino del apetito global por cobre. Con la demanda mundial proyectada a crecer más de un 350% hacia 2035, según la International Energy Agency (IEA), los megayacimientos pasan a ser piezas clave de la transición energética. En ese contexto, Los Azules se alinea con una narrativa internacional: cobre “verde”, bajo carbono y producido con estándares ESG.
Esa narrativa encontró respaldo formal en septiembre de 2025, cuando McEwen firmó un memorándum con la IFC para financiar el proyecto bajo criterios de sostenibilidad, con miras a atraer capital global.
Desde la compañía, Rob McEwen lo describió con ambición: “este activo… desempeñará un papel clave en la transición mundial hacia la energía limpia”. Meding, por su parte, sostuvo que la incorporación al RIGI y la vinculación con inversores internacionales envían una señal de “confianza en la Argentina y en un modelo de minería moderna, responsable y sostenible”.
Los Azules representa una oportunidad doble: retorno económico viable (VAN elevado, TIR atractiva) y alineamiento con criterios ESG, cada vez más demandados por inversionistas institucionales. Según un informe que circuló en el mercado financiero, “el proyecto redefine la minería en Argentina: podría ser la base para que el país recupere protagonismo en cobre, crítico para la descarbonización global”.
No obstante, este entusiasmo coexiste con prudencia. En contextos donde “minas responsables” significan promesa futura, los inversionistas exigentes pondrán especial atención en la gobernanza: cumplimiento de estándares ambientales, monitoreo independiente, transparencia de impactos, programas de cierre y remediación, y participación comunitaria constante.
Conclusión
El proyecto Los Azules está más cerca que nunca de transformarse en realidad. Sus cifras técnicas y económicas lo sitúan como un emprendimiento de escala mundial: producción significativa, inversiones millonarias, empleos, valor exportable y encaje en la demanda global de cobre. A la vez, su aprobación ambiental y su inclusión en RIGI materializan el respaldo institucional que busca dar seguridad jurídica y fiscal. Pero la incertidumbre hidrogeológica, los ecosistemas de montaña y las exigencias socioambientales exigen controles rigurosos, monitoreos creíbles y participación ciudadana real: esa viabilidad —técnica, económica e institucional— tiene un ancla: la gobernanza ambiental. La promesa de operar con estándares ESG, electricidad renovable, bajo consumo hídrico y mínima huella de carbono impone un compromiso de vigilancia, transparencia y adaptación permanente, con planes de cierre responsables.
Si ese equilibrio logra sostenerse, Los Azules podría marcar el inicio de una nueva etapa para la minería de cobre en la Argentina: más consciente, más responsable, más conectada con las necesidades de la transición energética global y atenta a las necesidades de la ciudadanía. Pero, como en la cordillera, la altura exige respeto. La monumental promesa del cobre viene con una montaña de responsabilidades y con las lógicas exigencias de la población.
Mariano Beristain / Centauro IA